Hemos registrado en el Congreso una batería de iniciativas para defender los derechos de los españoles en el extranjero, incluyendo más aulas para enseñar la lengua y cultura española y la remisión del censo de emigrantes a las comunidades autónomas para que puedan mejorar las prestaciones que destinan al colectivo. En relación a la proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que facilite a las comunidades autónomas que así lo soliciten el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a fin de mejorar los programas de ayudas destinados a sus ciudadanos en la emigración, en la defensa de sus derechos y deberes, para su próximo debate en el Pleno de la Cámara baja. Reclamar esto parece un sin sentido pero resulta que las comunidades autónomas y, especialmente aquellas con más población en el exterior, en el ámbito de sus competencias en materia de protección y apoyo de sus ciudadanos, han reclamado los datos del PERE al Gobierno Central, en el marco de la colaboración y cooperación institucional, sin que hasta el momento hayan encontrado respuesta. El Gobierno basa su negativa en que la Agencia Estatal de Protección de Datos no permite aportar los mismos a las comunidades, puesto que éstas no tienen las competencias en materia de emigración. Pero la normativa española, tanto la estatal como la autonómica, obliga a las administraciones públicas a garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos españoles, independientemente del lugar donde tengan fijada su residencia. Además, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que se marca el marco jurídico y las líneas básicas de la acción protectora del Estado hacia los españoles en la diáspora, fija el ámbito de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. En este sentido, para poder ofrecer la adecuada atención a la población residente en el exterior, por parte de los distintos gobiernos autonómicos, es imprescindible conocer la identificación concreta de esos ciudadanos y, para ello, son necesarios los datos del PERE. Por otro lado, hemos presentado otra proposición no de ley con el objetivo de apoyar y mantener a las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) presentes en el extranjero, por la importancia y relevancia que tienen para la segunda y tercera generación de descendientes de emigrantes españoles aprender el español, para su debate en la Comisión de Educación. El Partido Popular el pide al Ejecutivo que mantenga y mejore las ALCE, disponiendo los medios técnicos y presupuestarios necesarios para que los alumnos alcancen los niveles exigidos en los correspondientes artículos, al tiempo que quiere que se amplíen las mismas a aquellos países cuyo idioma oficial no sea el español y en los que no exista una demanda suficiente por mantener los vínculos lingüísticos y culturales con España. Deseando que el acceso al Diploma Español como Lengua Extranjera siga siendo gratuito para los alumnos de las ALCE.

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