APROBACIÓN ESTATUTO DE LA CIUDADANÍA
21.11.06
El pleno del Senado aprobó el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior aunque eliminó buena parte de las enmiendas que habían sido presentadas por el PP y que fueron aceptadas por la Comisión de Trabajo. Ahora, el próximo día 30 de noviembre el pleno del Congreso dará el aprobado definitivo al Estatuto que podría publicarse en el Boletín Oficial del Estado una semana después. (Información España Exterior )
El pleno del Senado dio el penúltimo paso para la aprobación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior al ratificar el dictamen de la Comisión de Trabajo y remitir el texto definitivo que sale de la Cámara Alta al pleno del Congreso de los Diputados, donde será debatido y, salvo imprevistos, respaldado el próximo día 30 de noviembre (tal y como consta en el Orden del Día de la sesión plenaria de la Cámara Baja).
Durante el debate en el Senado el Partido Socialista eliminó algunas de las enmiendas que habían sido presentadas por el Grupo Popular y que habían sido aprobadas en la Comisión de Trabajo. Así, el texto de la ley se asemeja más al que recibieron los senadores del Congreso.
De las enmiendas rechazadas finalmente destacan las referidas a la atención sociosanitaria que modificaban los artículos del 79 al 83. En concreto para que la atención integral de la salud se haga de tal forma que garantice la igualdad de condiciones con la que se otorga a los mayores y dependientes en España, o la que obligaba a la asimilación de las prestaciones ofrecidas a los residentes en el exterior a las vigentes en el Sistema Nacional para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En este grupo de enmiendas rechazadas también se indicaba que el Estado “considerará” colectivo prioritario de actuación a los retornados dentro del Plan Nacional de Reformas destinado al fomento del empleo.
Asimismo, las enmiendas hacían referencia a la educación en el exterior y la presencia de las corporaciones locales en el diseño y toma de decisiones sobre las políticas de emigración.
La senadora del PP Belén do Campo Piñeiro señaló al respecto que “lamento que el Grupo Parlamentario Socialista no quiera incluir a las corporaciones locales, junto a la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, como demandamos con nuestras enmiendas, en los órganos que van a formar en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”. Añadió que “tampoco entendemos que puedan estar de acuerdo en garantizar un derecho en materia sanitaria. El Grupo Parlamentario Popular entiende que era necesario promover una atención integral dirigida sobre todo a nuestros mayores y nuestros dependientes que están fuera de España.
Además, en las enmiendas referidas a la acción educativa de la Administración española en el exterior indicó que “si hablamos de educación, tenemos que garantizar también en este estatuto de ciudadanía el derecho a la educación, como lo tienen nuestros niños en España; es decir, tenemos que tener el mismo derecho que los residentes, y de ahí que promoviéramos el fomento de existencia de centros educativos, tanto públicos como privados”.
En cuanto a las enmiendas referidas al fomento del empleo entre los retornados, la senadora gallega afirmó que “creemos importante, y lamentamos que el Grupo Parlamentario Socialista no lo apoye, considerar como colectivo prioritario de actuación a los retornados; hay que considerar el efecto de retorno que hay en ciertas comunidades autónomas y pienso que habría que actuar a la hora de fomentar ese empleo”.
Además, aunque el PP votó a favor del dictamen de la Comisión de Trabajo, Do Campo expresó su descontento ya que “esperaba que en este estatuto se desarrollasen los derechos ya consagrados en nuestra Constitución y no sólo se garantizara lo que ya está hoy garantizado; que se incorporasen nuevos servicios, no apareciendo tantas veces las palabras promoverá, podrá, ayudará, apoyará, adoptará y fomentará, que a lo largo del articulado de este proyecto de ley parece un guión básico del mismo y da la sensación, con todos mis respetos, de un querer y no poder”.
La que sí se mantiene es la disposición adicional segunda que obliga al Gobierno a promover en el plazo de seis meses una regulación del acceso a la nacionalidad de los descendientes de emigrantes que facilite el acceso a ella siempre que el padre o la madre hayan sido español de origen con independencia de su lugar y fecha de nacimiento.
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El CGE cambia de nombre
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Los senadores sí admitieron dos enmiendas del PSOE por las cuales el Consejo General de la Emigración pasará a llamarse Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Por otro lado, el dictamen de la Comisión de Trabajo no fue aprobado unánimemente en su totalidad por el pleno del Congreso ya que catorce puntos fueron votados por separado (preámbulo 3.4 a), preámbulo 3.6 a), artículo 4.1, artículo 10.1, artículo 15, artículo 15.4, artículo 17.2, artículo 20.3, artículo 23.1, artículo 23.2, artículo 25.1, artículo 28, artículo 29.1, artículo 29.2.), con un resultado de 121 votos a favor y 119 en contra. Mientras que si que hubo unanimidad en el resto del dictamen, con 242 votos emitidos y 242 a favor.
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Satisfacción por una ley que afecta a 1,5 millones de españoles
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Los senadores mostraron su satisfacción tras la aprobación del Estatuto. Así, el senador Burgués Bargués, de la Entesa Catalana de Progrés, indicó que “con todos ellos estábamos en deuda y era necesario reconocer las difíciles situaciones que soportaron, como el desarraigo social y cultural y los problemas de integración en el país de acogida. Todo esto se encuentra expresado en el texto de la Ley que hoy vamos a aprobar”.
Además, la senadora socialista Lentxu Rubial afirmó que el Estatuto “una ley para un futuro más esperanzador, no solo para la emigración, sino en general para sus descendientes y para aquellos que, por cualquier circunstancia, tienen que residir fuera de nuestro territorio”. El también socialista Cándido Rodríguez señaló que “ahora hay que ponerlo en práctica ya que requiere mucho desarrollo”.
Desde Convergencia i Unió, el senador Casas i Bedós indicó que “nos parece ley adecuada, correcta y que supone regularizar una serie de situaciones no ajustadas a la realidad de hoy, de personas que tuvieron que dejar España por motivos políticos o para buscar empleo porque en aquel tiempo era difícil conseguirlo aquí”.
Durante el debate en el Senado el Partido Socialista eliminó algunas de las enmiendas que habían sido presentadas por el Grupo Popular y que habían sido aprobadas en la Comisión de Trabajo. Así, el texto de la ley se asemeja más al que recibieron los senadores del Congreso.
De las enmiendas rechazadas finalmente destacan las referidas a la atención sociosanitaria que modificaban los artículos del 79 al 83. En concreto para que la atención integral de la salud se haga de tal forma que garantice la igualdad de condiciones con la que se otorga a los mayores y dependientes en España, o la que obligaba a la asimilación de las prestaciones ofrecidas a los residentes en el exterior a las vigentes en el Sistema Nacional para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. En este grupo de enmiendas rechazadas también se indicaba que el Estado “considerará” colectivo prioritario de actuación a los retornados dentro del Plan Nacional de Reformas destinado al fomento del empleo.
Asimismo, las enmiendas hacían referencia a la educación en el exterior y la presencia de las corporaciones locales en el diseño y toma de decisiones sobre las políticas de emigración.
La senadora del PP Belén do Campo Piñeiro señaló al respecto que “lamento que el Grupo Parlamentario Socialista no quiera incluir a las corporaciones locales, junto a la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, como demandamos con nuestras enmiendas, en los órganos que van a formar en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”. Añadió que “tampoco entendemos que puedan estar de acuerdo en garantizar un derecho en materia sanitaria. El Grupo Parlamentario Popular entiende que era necesario promover una atención integral dirigida sobre todo a nuestros mayores y nuestros dependientes que están fuera de España.
Además, en las enmiendas referidas a la acción educativa de la Administración española en el exterior indicó que “si hablamos de educación, tenemos que garantizar también en este estatuto de ciudadanía el derecho a la educación, como lo tienen nuestros niños en España; es decir, tenemos que tener el mismo derecho que los residentes, y de ahí que promoviéramos el fomento de existencia de centros educativos, tanto públicos como privados”.
En cuanto a las enmiendas referidas al fomento del empleo entre los retornados, la senadora gallega afirmó que “creemos importante, y lamentamos que el Grupo Parlamentario Socialista no lo apoye, considerar como colectivo prioritario de actuación a los retornados; hay que considerar el efecto de retorno que hay en ciertas comunidades autónomas y pienso que habría que actuar a la hora de fomentar ese empleo”.
Además, aunque el PP votó a favor del dictamen de la Comisión de Trabajo, Do Campo expresó su descontento ya que “esperaba que en este estatuto se desarrollasen los derechos ya consagrados en nuestra Constitución y no sólo se garantizara lo que ya está hoy garantizado; que se incorporasen nuevos servicios, no apareciendo tantas veces las palabras promoverá, podrá, ayudará, apoyará, adoptará y fomentará, que a lo largo del articulado de este proyecto de ley parece un guión básico del mismo y da la sensación, con todos mis respetos, de un querer y no poder”.
La que sí se mantiene es la disposición adicional segunda que obliga al Gobierno a promover en el plazo de seis meses una regulación del acceso a la nacionalidad de los descendientes de emigrantes que facilite el acceso a ella siempre que el padre o la madre hayan sido español de origen con independencia de su lugar y fecha de nacimiento.
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El CGE cambia de nombre
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Los senadores sí admitieron dos enmiendas del PSOE por las cuales el Consejo General de la Emigración pasará a llamarse Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Por otro lado, el dictamen de la Comisión de Trabajo no fue aprobado unánimemente en su totalidad por el pleno del Congreso ya que catorce puntos fueron votados por separado (preámbulo 3.4 a), preámbulo 3.6 a), artículo 4.1, artículo 10.1, artículo 15, artículo 15.4, artículo 17.2, artículo 20.3, artículo 23.1, artículo 23.2, artículo 25.1, artículo 28, artículo 29.1, artículo 29.2.), con un resultado de 121 votos a favor y 119 en contra. Mientras que si que hubo unanimidad en el resto del dictamen, con 242 votos emitidos y 242 a favor.
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Satisfacción por una ley que afecta a 1,5 millones de españoles
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Los senadores mostraron su satisfacción tras la aprobación del Estatuto. Así, el senador Burgués Bargués, de la Entesa Catalana de Progrés, indicó que “con todos ellos estábamos en deuda y era necesario reconocer las difíciles situaciones que soportaron, como el desarraigo social y cultural y los problemas de integración en el país de acogida. Todo esto se encuentra expresado en el texto de la Ley que hoy vamos a aprobar”.
Además, la senadora socialista Lentxu Rubial afirmó que el Estatuto “una ley para un futuro más esperanzador, no solo para la emigración, sino en general para sus descendientes y para aquellos que, por cualquier circunstancia, tienen que residir fuera de nuestro territorio”. El también socialista Cándido Rodríguez señaló que “ahora hay que ponerlo en práctica ya que requiere mucho desarrollo”.
Desde Convergencia i Unió, el senador Casas i Bedós indicó que “nos parece ley adecuada, correcta y que supone regularizar una serie de situaciones no ajustadas a la realidad de hoy, de personas que tuvieron que dejar España por motivos políticos o para buscar empleo porque en aquel tiempo era difícil conseguirlo aquí”.
Etiquetas: Iniciativas, opinión, Senado
posted por BdC 4:45 p. m.,
