La Voz de Galicia, La Opinión A Coruña , El Ideal Gallego

Esta semana presentaré en el Congreso una Proposición No de Ley instando al Gobierno Central a que acorte los plazos del anteproyecto del Circe que, en la actualidad, es de 36 meses. Del mismo modo, presentaré una batería de preguntas solicitando información sobre la licitación, la partida presupuestaria o las fechas del proyecto. Nos cuestionamos por ejemplo ¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Cultura licitar el proyecto del Centro Internacional de Recursos sobre la Cultura Europea en La Coruña?. Después de haberse anunciado en febrero del 2009 que las obras del CIRCE, Centro Internacional de Recursos de las Culturas Europeas en La Coruña empezarían a principios de 2010 y se inaugurarían en 2012. ¿por qué razón en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2011 no se ha consignado ninguna partida presupuestaria para el CIRCE?, ¿Cuáles han sido los motivos para rebajar la partida inicial del coste total de la obra de 15 millones de euros que se recogían en los PGE aprobados para el año 2010, a 6.035.000 euros que aparecen como coste total en los PGE del 2011?, ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de la partida de 352.000 euros para el proyecto 2009 denominado Centro Internacional de Recursos sobre la Cultura Europea en La Coruña de los PGE 2010?. El pliego del contrato del Ministerio de Cultura para el proyecto del CIRCE establece que el presupuesto máximo para la elaboración del proyecto asciende a 400.000 euros y reserva 332.000 para la coordinación de seguridad y salud de obra, ¿con cargo a que partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado y en qué ejercicio presupuestario?; ¿En qué fecha tienen previsto tener resuelto el diseño final del proyecto del Centro Internacional de Recursos sobre la Cultura Europea en La Coruña?, ¿Quiénes componen el jurado que va a seleccionar el proyecto del Centro Internacional de Recursos sobre la Cultura Europea (CIRCE) en La Coruña?; ¿Cuáles han sido los motivos por los que han retrasado dos años la convocatoria del concurso de ideas para la posterior contratación de la redacción del proyecto de recuperación, rehabilitación y reforma del edificio del antiguo Gobierno Militar?.

España Exterior, La Región Internacional, Cronicas de la emigración

El Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha disminuido drásticamente el número de nuestros emigrantes que reciben prestaciones por razón de necesidad, que ha pasado de los casi 52.000 perceptores en el año 2007 hasta los 38.850 registrados en 2010. La congelación de los índices de cálculo de la pensión ha traído consigo que haya menos beneficiarios y una rebaja en el poder adquisitivo de los que la reciben. La cuantía presupuestada en 2011 para atender estas ayudas ha pasado de 100 millones de euros a 88. Esta disminución supone que muchos mayores de 65 años no podrán acogerse a la prestación por razón de necesidad, que sirve para garantizar un mínimo de subsistencia para aquellos que carecen de recursos y viven en países donde los sistemas público de protección social no cubren las necesidades básicas. Por eso vemos esencial que se mantengan las prestaciones por razón de necesidad para los emigrantes, ya que con un complemento de los ingresos de los beneficiarios que se establece hasta alcanzar el límite máximo establecido para cada país. Su cuantía, por tanto, es la diferencia entre ese límite y los ingresos del beneficiario, o de la unidad familiar. El Gobierno intenta desviar la atención de su responsabilidad y por eso en una respuesta parlamentaria nos señala que la disminución del número de beneficiarios no está motivada por la bajada de la cuantía presupuestada para atender la prestación, sino que hay que buscarla “en la mejora de las condiciones de vida de sus posibles beneficiarios, pues esta prestación es un complemento de los ingresos hasta alcanzar el límite máximo establecido para cada país, de forma que si las condiciones económicas de la familia o del país mejoran, se hará menos necesaria esta prestación”. Si me dejo guiar por lo que realmente pienso, no me queda otra, que calificar esta respuesta como impresentable y una desvergüenza, ya que, lo único que pretende es avalar lo que no es más que un recorte de las ayudas al exterior, ya que no se están revisando los índices de cálculo para otorgar las prestaciones y esto supone de facto una depreciación del poder adquisitivo de los beneficiarios que siguen siendo perceptores.

Hemos registrado en el Congreso una batería de iniciativas para defender los derechos de los españoles en el extranjero, incluyendo más aulas para enseñar la lengua y cultura española y la remisión del censo de emigrantes a las comunidades autónomas para que puedan mejorar las prestaciones que destinan al colectivo. En relación a la proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que facilite a las comunidades autónomas que así lo soliciten el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), a fin de mejorar los programas de ayudas destinados a sus ciudadanos en la emigración, en la defensa de sus derechos y deberes, para su próximo debate en el Pleno de la Cámara baja. Reclamar esto parece un sin sentido pero resulta que las comunidades autónomas y, especialmente aquellas con más población en el exterior, en el ámbito de sus competencias en materia de protección y apoyo de sus ciudadanos, han reclamado los datos del PERE al Gobierno Central, en el marco de la colaboración y cooperación institucional, sin que hasta el momento hayan encontrado respuesta. El Gobierno basa su negativa en que la Agencia Estatal de Protección de Datos no permite aportar los mismos a las comunidades, puesto que éstas no tienen las competencias en materia de emigración. Pero la normativa española, tanto la estatal como la autonómica, obliga a las administraciones públicas a garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos españoles, independientemente del lugar donde tengan fijada su residencia. Además, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en el que se marca el marco jurídico y las líneas básicas de la acción protectora del Estado hacia los españoles en la diáspora, fija el ámbito de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. En este sentido, para poder ofrecer la adecuada atención a la población residente en el exterior, por parte de los distintos gobiernos autonómicos, es imprescindible conocer la identificación concreta de esos ciudadanos y, para ello, son necesarios los datos del PERE. Por otro lado, hemos presentado otra proposición no de ley con el objetivo de apoyar y mantener a las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) presentes en el extranjero, por la importancia y relevancia que tienen para la segunda y tercera generación de descendientes de emigrantes españoles aprender el español, para su debate en la Comisión de Educación. El Partido Popular el pide al Ejecutivo que mantenga y mejore las ALCE, disponiendo los medios técnicos y presupuestarios necesarios para que los alumnos alcancen los niveles exigidos en los correspondientes artículos, al tiempo que quiere que se amplíen las mismas a aquellos países cuyo idioma oficial no sea el español y en los que no exista una demanda suficiente por mantener los vínculos lingüísticos y culturales con España. Deseando que el acceso al Diploma Español como Lengua Extranjera siga siendo gratuito para los alumnos de las ALCE.

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