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Los diputados gallegos del PP hemos decidido llevar hasta el Congreso la petición de explicaciones al presidente del Gobierno por lo que consideramos una falta de apoyo institucional del Ejecutivo y personal por parte de Zapatero a la celebración del año jacobeo en el 2010. Para ello hemos registrado en el Parlamento una batería de preguntas en las que exigimos explicaciones por esa falta de respaldo. A la hora de hacer balance del año 2010, Zapatero debe explicar en la Cámara baja por qué ha marginado durante todo el año la celebración del año santo y despreciado a Galicia y a todos los gallegos ignorando uno de los eventos culturales más importantes de Europa. En las iniciativas parlamentarias presentadas, pedimos que el presidente del Gobierno de la cara y explique cuáles son los motivos por los que no ha participado en ninguno de los actos oficiales del año santo ni en la apertura de la Puerta Santa. Zapatero no ha hecho un solo tramo del Camino como apoyo simbólico, ni ha asistido a la ofrenda al Apóstol durante el día de Santiago coincidiendo con la celebración del Xacobeo, tal y como venía siendo habitual por parte de todos los presidentes del Gobierno. Pedimos también que Zapatero explique por qué ha decidido clausurar el año santo en Oviedo. Mientras desprecio a Galicia durante todo el año, ahora lo hace una vez más clausurando el año santo compostelano en otra comunidad autónoma.

La Voz de Galicia, La Opinión A Coruña, El Ideal Gallego, Xornal

Esta semana presente varias preguntas por la pasividad de la Delegación del Gobierno ante los lamentables incidentes de la marcha okupa del pasado sábado. Durante la marcha, que no contaba con la autorización pertinente, se sucedieron diversos altercados y actos vandálicos en el centro de la ciudad ante una evidente pasividad de la delegación del Gobierno y del gobierno municipal, quienes se dedican ahora a esconderse y pasarse la pelota, mientras crece la indignación entre los coruñeses ante la negligencia de quienes deben velar por su seguridad. Exigimos que se investiguen los hechos, así como los motivos por los que las fuerzas de seguridad no actuaron a pesar de la gravedad de los incidentes, incumpliendo con su obligación de proteger a vecinos y comerciantes. También nos interesamos por los motivos por los que no se produjo ninguna detención y preguntando por si se ha identificado a los organizadores y a los causantes de los actos vandálicos, tal y como se comprometió el subdelegado para salir del paso ante la avalancha de críticas por su actitud. Al hilo de lo sucedido es lamentable que BNG apoye una marcha ilegal e intente restar importancia a lo sucedido, cuando es público y notorio que se produjeron unos altercados graves, que afectaron tanto a ciudadanos, como a comercios, edificios y mobiliario urbano, pero ya sabemos que los nacionalistas son poco amigos del diálogo y muy partidarios de la imposición, como se puede comprobar allá por donde gobiernan. La libertad de expresión, manifestación o reunión son derechos fundamentales de las personas y están protegidos por la norma Constitucional, nadie pone en duda eso, pero deben ajustarse a lo que dice la legislación y cumplir un mínimo de condiciones: requiere comunicación previa, permisos y el recorrido establecido. Algo que no se cumplió en este caso.

España exterior
Hemos presentado una pregunta al Gobierno para su respuesta por escrito para que explique cuál es la situación de los ocho trabajadores sociales contratados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para desarrollar su labor en la Consejería de Trabajo en Caracas y que han tenido serias dificultades para iniciar su trabajo. Le pedimos al Ministerio que explique por qué razón los ocho trabajadores sociales contratados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para atender a los emigrantes españoles en la Consejería de Trabajo de Caracas no se incorporaron a dicha oficina aún cuando fueron contratados en septiembre. Además, también pedimos explicaciones sobre los problemas que tuvieron a la hora de tramitar los visados y por qué la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, no atendió sus peticiones para lograr una solución ya que estas ocho personas se encontraron durante varios meses sin poder trabajar ni recibir prestación por desempleo, puesto que tenían un contrato firmado con el Ministerio que se lo impedía, y tuvieron que pagar de su bolsillo algunos de los trámites que les exigían para poder viajar a Venezuela.

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